Se destinan fondos a 80 plazas para personas con discapacidad intelectual

Redacción. El Consejo de Gobierno ha aprobado destinar 5 millones de euros para financiar 80 plazas (48 de residencia y 32 de centro de día) destinadas a la atención a personas con discapacidad intelectual en Aranjuez y Madrid. Con estas prórrogas se pretende evitar que los usuarios de estos centros vean menoscabada la calidad en la prestación del servicio público que han estado recibiendo desde la entrada en vigor de los contratos.

Por un lado se han garantizado 60 plazas para personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas en el Centro Residencial y de Día-Aranjuez (48 plazas residenciales y 12 en centro de día), por el plazo de tres años y un importe de 4.617.289 euros. Por otro, se mantendrán otras 20 plazas de centro de día para personas con discapacidad intelectual, ligera y límite con graves trastornos de conducta en el distrito de Fuencarral-El Pardo, por el plazo de un año y un importe de 322.631 euros. Desde que se licitaron ambos contratos, en 2005, ambas entidades han prestado el servicio a plena satisfacción y con estricto cumplimiento de las condiciones pactadas en el mismo.

El objetivo de este tipo de políticas es defender los derechos y libertades de este colectivo, fomentar la autonomía personal y su plena inclusión en la sociedad. El objetivo de la Comunidad es atender al mayor número posible de personas con discapacidad de la región y para ello se cuenta con una red de atención social compuesta por más de 22.000 plazas. 

Asimismo, el Gobierno regional está trabajando en la Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad con el objetivo de fomentar la autonomía personal y promover la plena inclusión de estas personas en la sociedad. La Estrategia contendrá una batería de medidas específicas relacionadas con el empleo, la calidad en la atención y la participación de las entidades que trabajan con personas con discapacidad. Otro de los compromisos del Ejecutivo autonómico es mantener la gratuidad en la atención a personas con discapacidad y enfermedad mental, lo que convierte a la Comunidad de Madrid en la única comunidad autónoma de España que presta atención gratuita a estas personas.